DURA POSICIÓN DEL FISCAL DE ESTADO CONTRA LA IMPROVISACIÓN DEL PROYECTO TERRA IGNIS

El Fiscal Virgilio Martínez de Sucre, luego de hacer un repaso por la historia de la provincia y la conformación de empresas de similar tenor, se centró en el análisis de varios aspectos del proyecto oficial. La intención de evitar controles, la falta de claridad sobre el plan estratégico, la exclusión de los directivos de su carácter de funcionario público fueron algunas de las objeciones. Además, planteó la improvisación de la redacción, dado que hasta falta un artículo del estatuto. También se suma el exiguo capital social, de 80 mil dólares, que no alcanza “ni para empezar”, dijo. “El juicio que tendríamos hoy no sería de 35 millones de dólares sino de 800 millones de la misma moneda, que es el equivalente a las regalías de 25 años”, dijo en relación al ‘Convenio Chino’.

Río Grande.- “Ha sido una constante en estos años la reticencia a la información y a los dictámenes técnicos por parte de las autoridades de Hidrocarburos”, sentó como premisa el fiscal Martínez de Sucre ante el plenario de comisiones, para luego vincularlo con la sociedad anónima unipersonal que intenta evitar controles de los organismos estatales.

“Bajo el paraguas de la confidencialidad, se ha ocultado la información a quienes deben resolver sobre estos temas, y sobre si procede o no la creación de la empresa. La confidencialidad tiene que tener un límite, porque los que van a decidir sobre el futuro de la provincia deben tener información clara de lo que se va a hacer, cuál es el plan de manejo, la estructura, con quiénes se piensan asociar”, expresó.

“Hemos renovado contratos petroleros sin tener los antecedentes de las concesiones anteriores.  Hidrocarburos nos ha contestado que no tiene los contratos anteriores a la provincialización, y no le exigieron a los concesionarios que llevaran los antecedentes cuando estaban renegociando las prórrogas. Sin esto no se puede saber cuáles fueron las verdaderas inversiones, ni el daño ambiental que han generado. No tenemos las licitaciones del año ’91 del Estado nacional en base a las cuales se hicieron las prórrogas, y eso no es serio. El control es necesario para que no cometan errores”, subrayó.

Aclaró que los entes de control “no somos la máquina de impedir. Después, cuando tenemos un problema como el de los chinos, nos encontramos con balas de cebita para defendernos contra los grandes estudios, y si hubieran escuchado nuestras recomendaciones no hubiera pasado lo que pasó. Afortunadamente planteamos la nulidad judicial del primer convenio, porque si no, el juicio que tendríamos hoy no sería de 35 millones de dólares sino de 800 millones de la misma moneda, que es el equivalente a las regalías de 25 años. Era un commodity y el contrato no tenía ninguna obligación para los chinos de construir una planta. Simplemente les vendíamos el gas por 25 años, algo que no íbamos a poder cumplir porque las regalías en especie dependían del Estado nacional. Eso no pasó porque el Tribunal de Cuentas sentó las bases de los parámetros que había que respetar para manejar los recursos del Estado. El segundo contrato también lo objetamos y es importante que todas estas cosas se sepan”, sostuvo.

“Con HIFUSA nos hemos encontrado con actas que eran móviles, donde el libro 1 se perdió y luego encontramos actas rotas y falsificadas. Esto tiene que tener control, porque pasó en las sombras y nadie se enteró. No hubo ofertas para la compra de la destilería y había un señor Alonso que representaba a Tierra del Fuego en todas las negociaciones. Luego fundaron la adjudicación en que no había propietarios y la empresa no sólo no tenía antecedentes sino que no era la propietaria de la destilería, sino una intermediaria. Era el ’96, cuando no teníamos un peso para pagar sueldos y estábamos comprando destilerías en el exterior a valores millonarios. La provincia no consiguió el financiamiento y la destilería la vendieron. No se sabe quién controló esto. Recién cuando pudimos hacer el secuestro judicial de la documentación de la empresa nos enteramos de todo esto”, afirmó.

Respecto de la nueva tentativa de la empresa petrolera, “creemos que este proyecto tiene algunas objeciones y deben ser corregidas –dijo-. Tengo una opinión personal a la luz de todas estas frustraciones que he ido viendo en estos 36 años. Está claro que se busca evitar controles al aplicar legislación de privados. Se habla de permitir un desenvolvimiento rápido, ágil y flexible en la última parte del mensaje, y esto me trae a la cabeza HIFUSA. En HIFUSA hubo un pliego tipo de la cámara de la construcción dictado dos años después de haber hecho todas las contrataciones”, aseveró.

“Es importante que quede muy claro en la ley y en el estatuto qué tipo de régimen es y quién lo debe controlar. Respecto de los directores, dice no se considerarán que ejercen la función pública y se regirán por la normativa del derecho privado. Los designa el Estado, pero dejan de ser funcionarios públicos por formar parte de una sociedad anónima, pero quién les paga sus salarios”, se preguntó.

“Es pretender abstraerlos de eventuales calificaciones de delitos cometidos por funcionarios en perjuicio de la administración pública, como ha sucedido en otros casos y no me parece lo correcto. Los directores son funcionarios públicos y tienen responsabilidad como tales”, sentenció el fiscal.

“Habla de la elaboración de parte del directorio de los manuales de compras y contrataciones conforme a estándares utilizados en la industria del petróleo. Esos sistemas de contrataciones a veces son demasiado ágiles y escapan a lo que debe ser el manejo de la cosa pública. Lo que hagan funcionarios públicos con manejo de los recursos del Estado provincial creo que no tiene que ser tan reservado ni discrecional, y deben quedar muy claros los parámetros en que se deben mover los directores y gerentes de una sociedad de esta naturaleza”, propició.

“En el artículo 10 dice que no resultarán de aplicación la ley 495 de contrataciones, la 141 y ninguna de las otras normas que regulen la administración. Estamos llevando todo al ámbito privado y la experiencia que tuvimos no fue buena, dejando semejante albedrío al privado”, insistió.

 

Sin plan

 

“Se habla de atraer nuevos jugadores, no sabemos si va a haber una fusión, un acuerdo con otras empresas. Al menos los legisladores deberían saber cuál es el plan estratégico y quiénes van a ser esos jugadores, cómo vamos a participar, cuáles van a ser los beneficios para Tierra del Fuego, qué se lleva ese jugador y con qué nos quedamos nosotros. Son un montón de interrogantes que no están escritos. Los legisladores tienen el deber y el derecho de exigir que se explicite claramente cuáles son los objetivos y el plan estratégico que tienen para esta empresa”, enfatizó.

“Los sucesivos fracasos van generando la desconfianza y la huida de las inversiones. No se gana con declamaciones ni creando sociedades. Se debe hablar con reglas claras de juego, con estabilidad jurídica. Si no tenemos reglas claras de juego nadie va a venir a invertir, y la forma de atraer jugadores es con seriedad”, exigió.

 

El financiamiento

 

Refiriéndose al apartado sobre financiamiento, se preguntó “quién lo va a dar, si es una empresa que tiene un capital de 80 mil dólares. Hablan de contratar consultores internacionales para conseguir fuentes de financiamiento y me pregunto si tienen idea del costo que eso implica. Con una empresa con un capital inicial de 80 mil dólares no podemos ni empezar a hablar, no somos serios y no nos consideran. En su momento HIFUSA tenía 10 millones de dólares de capital”, comparó.

“¿Quién va a dar el financiamiento y con qué avales?, menos aún le van a dar avales cuando en el artículo 11 de la propia ley pretenden limitar la responsabilidad de la provincia al capital social, es decir a 80 mil dólares, y yo no sé hasta qué punto la provincia puede desentenderse y limitar su responsabilidad al capital social. Es otro tema que hay que considerar”, dijo.

 

Estatuto improvisado

 

En cuanto al estatuto de la empresa, observó que  al estar contenido en una ley “tiene un carácter pétreo, no se puede cambiar salvo que se modifique por otra ley. Desconozco si hubo alguna consulta a la Inspección General de Justicia para ver si este estatuto merece alguna observación”, expresó el fiscal, si bien la respuesta la dio el secretario Legal y Técnico el pasado lunes, al reconocer que no hubo tal consulta. “Hubiera correspondido antes de remitir el proyecto. Si no, mañana se dicta la ley y luego la IGJ dice que no está de acuerdo con determinadas cláusulas y los legisladores van a tener que dictar otra ley para modificar el estatuto. No se controló si el estatuto estaba bien o mal, además salta del artículo 21 al 23 y no está el 22. Esto está escrito muy rápido y es una cosa muy seria para tomarlo con tanta liviandad”, cuestionó.

Por otra parte, observó que “el proyecto habla de preferencias, dice que en condiciones de equivalencia se podrán otorgar preferencias a favor de sociedad respecto de terceros sobre permisos de explotación o concesiones. Mañana esta empresa se asocia con una petrolera privada y no sabemos si la preferencia va a estar dada en igualdad de condiciones en una licitación o directamente va a tener preferencia la sociedad por sobre todas las otras empresas privadas. Con esto estaríamos beneficiando a la privada asociada a nosotros, instándola a no competir y determinar el precio, que puede no resultar tan conveniente como si hubieran concursado los otros privados. No queda claro en qué consiste ese grado de preferencia”, dijo.

 

Alto costo en salarios

 

Con un capital social de 80 mil dólares “se arranca con un elevadísimo costo en salarios sin siquiera saber cuál es el plan y que se consumirá rápidamente el capital social”, señaló en otro tramo el fiscal. “Va a haber entre seis, tres y cinco directores titulares y la misma cantidad de suplentes, cuya remuneración será la fijada por la asamblea. La remuneración del gerente general la fijará el directorio, se agrega un síndico titular y uno suplente, cuya remuneración será fijada por la asamblea; y una auditoría externa prevista en el artículo 21 del estatuto. Llama la atención que no se ha establecido ningún mecanismo de ratificación, acuerdo o confirmación ni de los directores ni de los cargos gerenciales, como sí hubo en los antecedentes que registra Tierra del Fuego. Tampoco hay exigencias sobre residencia, profesión, antecedentes personales y laborales de los órganos directivos y gerenciales, ni procesos de selección de personal”, manifestó.

“Me pregunto cuánto le vamos a pagar a estos directores y gerentes, porque si les vamos a pagar 50 mil pesos vamos condenados al fracaso, y si les pagamos lo que se debe pagar, este capital social no alcanza para nada. No estoy cuestionando lo que tengan que ganar lo directores, que para mí tiene que ser gente de alta especialización, profesionales verdaderamente formados y que no se achiquen frente al gerente de una multinacional, que puedan discutir de igual a igual.  Si lo vamos a hacer, tiene que ser con los mejores. Si no, vamos al fracaso”, advirtió.

Finalmente hizo una observación al objeto social, dado que el artículo 3 del estatuto “habla de brindar servicios de software vinculados con industrias digitales y tecnológicas. No encuentro la relación de esto con una empresa de hidrocarburos”.

“No decimos si la empresa se tiene que hacer o no, sino que, si se hace, hay que cubrir todos los recaudos y dar seriedad”, concluyó.

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